turismo penitenciario
La prensa del movimiento, véase El País, ha comenzado el año acuñando un nuevo término inspirado en las cloacas del antidemocrático Estado: el turismo penitenciario.
Este nuevo término aparece en el primer número del año nuevo, siendo el anticipo de una nueva (continuada) ofensiva española; ésta vez contra los familiares de presos/as. No se contentan con torturar, matar, dispersar, prohibir y golpear. También tienen que encarcelar a los familiares, a los que hacen 1000 kilómetros para poder ver a sus seres queridos, a los que mueren en accidentes en las carreteras de su España.
Es una gran indecencia definir todas esas situaciones como turismo. Ello deja clara la catadura moral de la persona que utiliza el término. No son personas, no son socialistas. Son escoria.
Qué más se puede esperar de un país como España, de unos gobernantes descendientes directos de importantes falangistas del régimen de Franco!
Sufrimos y sufriremos pero en nuestras manos está el dar la vuelta a ésta situación, unidos. Para cuando España se quiera dar cuenta nos habremos ido, y, seguramente, con nosotros Cataluya. Será el fin de España. No hay tanques que puedan detener la voluntad de un pueblo unido. Es hora de aprender la lección.
Los 780 nos interpelan a todos. Son un revulsivo para quienes nos aprestamos a celebrar los inminentes festejos como si nada de esto ocurriera. O como si sucediera en uno de esos países alejados y malditos que nos importan un carajo. La brutal política penitenciaria también reclama el compromiso de guías religiosos, dirigentes sindicales, líderes políticos o activistas sociales. Nos encontramos ante un masivo sufrimiento utilizado como herramienta política. Madrid y París aplican la dispersión como tormento con el que doblegar la disidencia; mecanismo de control social con pretensiones disuasorias y ejemplarizantes; secuestro que convierte a los cautivos en rehenes y la solidaridad de sus familiares en delito. Escenario por donde desfilan la dignidad de los cautivos, la sevicia de sus guardianes y el compromiso -o el desentendimiento- del resto de ciudadanos; esta cruda representación no admite espectadores. Las 780 personas cautivas han puesto en juego lo que más valoran: su propia existencia; sus familias pagan, semana a semana, el duro tributo de la fidelidad incondicional. Unas y otras reclaman justicia y apoyo. Ha pasado el tiempo de las palabras huecas; quienes tengan tribuna y voz absténganse de genéricas apelaciones a los principios éticos. Los obispos deberían denunciar esta barbarie con la misma contundencia con la que condenan otros atentados. Políticos y sindicalistas, como hacen otras veces, también ahora deberían de aparcar sus desacuerdos y arracimarse para repudiar la dispersión. Si demostrasen frente a la violencia carcelaria la misma contundencia y determinación que utilizan frente a otras violencias, la política penitenciaria no gozaría de tanta impunidad.