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Tiene sentido consultar a los y las vecinas de Muskiz si quieren o no la planta de coke? Eso es lo que pretende la Asociación Meatzaldea Bizirik. Se trata de una demanda de consulta que ha surgido desde la ciudadanía, aprovechando las oportunidades que abre la legalidad. Es una petición que va más allá del ámbito de la representación y que no se enmarca en las luchas partidarias. Se ha organizado en la calle y desde la calle ha llegado a la institución, firma a firma, donde ha sido rechazada por la mayoría de quienes ostentan el poder municipal.

Meatzaldea Bizirik no quiere la planta de coke. Muskiz ya ha asumido demasiadas cargas medioambientales y sanitarias generadas por Petronor, y muchos de sus vecinos no quieren incrementarlas. Sin embargo, su negativa no ha encontrado interlocución.

Son numerosos los datos que relacionan esta actividad productiva con impactos negativos sobre la salud. Por eso, quienes se oponen a la planta piden que prevalezca el principio de precaución sobre otros criterios cortoplacistas que, por otro lado, pudieran tornarse en la antesala de la lamentación. Su propuesta pasa por la información, el debate y el contraste de los planteamientos confrontados, aunque, a tenor de la información de que disponen, su posición sea inequívoca: no a la planta de coke.

El proyecto de Petronor está pasando todos los filtros institucionales. Cuenta con el apoyo de las instituciones locales y supralocales. Dicen que los y las representantes ya han decidido, que tienen la legitimidad para ello. ¿Existen razones para preguntar a la ciudadanía de Muskiz tratándose de un proyecto que cuenta con tan amplios beneplácitos entre los representantes políticos? ¿Con qué legitimidad puede la ciudadanía de Muskiz rechazar un proyecto que logra las autorizaciones pertinentes?

En primer lugar, hemos de reparar en que se trata de un proyecto de alto impacto que refuerza las cargas ambientales y sanitarias que soporta la población local. Que ha generado una importante oposición vecinal -oposición políticamente transversal- confrontada con mayorías políticas insensibles a la opinión local. En este sentido, la legitimidad institucional choca con la expresión clara de la legitimidad ciudadana, sujeto último de la soberanía. No es la primera vez que la legitimidad institucional choca con la voluntad de la ciudadanía que representa. Tampoco será la última. Lo que está en juego es, en parte, el modelo social pero, sobre todo, el modelo democrático. La confrontación de la institución con la ciudadanía sólo tiene un modo de resolverse satisfactoriamente: promoviendo la expresión del depositario de la soberanía, esto es, su consulta. Por lo tanto, la pretensión de la asociación opositora favorable a conocer la opinión de la ciudadanía local tiene un fundamento básicamente democrático.

¿Es legítimo el rechazo a un proyecto autorizado? ¿Es legítimo imponer un proyecto, no deseado por la población afectada, por el mero hecho de disponer de una capacidad privilegiada para impactar en la voluntad de quienes toman las decisiones? Se trata de la subordinación o no al imperio de los intereses económicos. Negar la legitimidad a una voluntad respetuosa con los derechos humanos, libre e igualitariamente expresada, equivale a imponer la tiranía de las elites. Esto es trascendental.

Los poderes económicos se emplearán a fondo en la defensa de sus privilegios. Tienen recursos para ello. Asistimos a la contraposición de modelos en la definición del interés general: aquel basado en el criterio de que el interés general lo definen las instituciones, frente al modelo basado en el principio de que dicho interés común se construye de un modo provisional y sostenible, en la deliberación plural y democrática.

Sólo si tiene sentido la construcción colectiva del interés general, en su más absoluta provisionalidad, podremos valorar las cargas que serán consecuencia de las decisiones. Para ello habremos de poner la economía al servicio de la población y no a ésta al servicio de la primera, tal y como ahora sucede. Aun en el caso de que la planta de coke fuera socialmente necesaria, lo que sólo podremos decidir, provisionalmente, a partir de la confrontación igualitaria de todos los conocimientos y saberes, las cargas de esta decisión -los perjuicios- deberían ser repartidos; y, según parece, Muskiz ya ha pagado su peaje. Mientras llega el momento en que, entre todos, podamos definir el modelo económico social que estamos dispuestos a aceptar, que los vecinos y vecinas de Muskiz decidan. Por el contrario, decir que si el proyecto no se hace, se cierra, es un ejemplo del abrazo del oso, de la tiranía de los poderes económicos, y se basa en principios contrarios a la democracia, porque no contempla todas las dimensiones de la decisión: el interés general social- mente construido y el reparto de las cargas. No todo vale.

Parafraseando a un pensador del siglo XVIII, concluiría proponiendo a futuro que obremos de acuerdo con la máxima según la cual podamos desear que se convierta en ley universal o, lo que es lo mismo, no desees para los demás lo que no quieras para ti.

Epi Zurimendia, miembro de Parte Hartuz-UPV