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Posts tagged Euskal Herria

TREGUA

El Estado no está de tregua. España no entiende de treguas. Son afirmaciones que el pueblo vasco lleva oyendo desde hace más de 500 años. Y tienen razón.

Es igual lo que se intente negociar, lo que se intente pactar, las treguas unilaterales, es lo mismo. España ni ha estado ni estará de tregua. Es algo que no por sabido y repetido lo tenemos aprendido.

Hoy han sido detenciones, más presos políticos, pero debemos estar preparados para reacciones más fuertes, incluso algún cadáver o desaparecido más.

Es muy duro reprimir el corazón pero son tiempos en los que es la cabeza la que tiene que regir sobre todo. La cabeza dice que estamos en el camino correcto, que la solución es la acumulación de fuerzas y que nada nos debe apartar del camino marcado. Es cuestión de no mucho tiempo el bye bye de Euskal Herria y Catalunya a España, a la España que nunca está en tregua.

Tampoco es tiempo de vacilaciones ni de protagonismos personales. Este tren va cogiendo velocidad y los que no se monten a tiempo lo van a tener muy difícil más tarde. Es hora de que se vaya aclarando el panorama, tanto el que plantea Aralar, como el del PNV, éste más claro, con el único objetivo de volver a tocar poder y mantener sus negocios como sea.

El pueblo tiene la palabra.

Txema

Recuerdo y compromiso

Desde sus mazmorras -encierro de veinte horas diarias- luchan, construyen y sueñan. «No os vamos a fallar», escribía una presa amiga. ¿Será tan rotundo nuestro compromiso?

Estamos en el umbral de la gran fiesta. Y, como toda fiesta mayor que se precie de serlo, nos llegará cargada de celebraciones y de recuerdos. Añoranza de tiempos pasados y de personas idas; evocación de los seres queridos y ausentes. En este marco de recuerdos entrañables, ocuparán lugar preferente nuestras presas y presos. No son un capítulo más de nuestra historia social y política. Son el epicentro de un conflicto que nos afecta a todos y que, de modo cruel, se visualiza en ellos. Que nuestra pequeña Euskal Herria soporte el cautiverio de 780 presos políticos es un hecho escandaloso y único en la repantigada Europa; evidencia de que Francia y España -estados imperialistas- se han homologado en rigor con la denostada Turquía.

Los 780 nos interpelan a todos. Son un revulsivo para quienes nos aprestamos a celebrar los inminentes festejos como si nada de esto ocurriera. O como si sucediera en uno de esos países alejados y malditos que nos importan un carajo. La brutal política penitenciaria también reclama el compromiso de guías religiosos, dirigentes sindicales, líderes políticos o activistas sociales. Nos encontramos ante un masivo sufrimiento utilizado como herramienta política. Madrid y París aplican la dispersión como tormento con el que doblegar la disidencia; mecanismo de control social con pretensiones disuasorias y ejemplarizantes; secuestro que convierte a los cautivos en rehenes y la solidaridad de sus familiares en delito. Escenario por donde desfilan la dignidad de los cautivos, la sevicia de sus guardianes y el compromiso -o el desentendimiento- del resto de ciudadanos; esta cruda representación no admite espectadores. Las 780 personas cautivas han puesto en juego lo que más valoran: su propia existencia; sus familias pagan, semana a semana, el duro tributo de la fidelidad incondicional. Unas y otras reclaman justicia y apoyo. Ha pasado el tiempo de las palabras huecas; quienes tengan tribuna y voz absténganse de genéricas apelaciones a los principios éticos. Los obispos deberían denunciar esta barbarie con la misma contundencia con la que condenan otros atentados. Políticos y sindicalistas, como hacen otras veces, también ahora deberían de aparcar sus desacuerdos y arracimarse para repudiar la dispersión. Si demostrasen frente a la violencia carcelaria la misma contundencia y determinación que utilizan frente a otras violencias, la política penitenciaria no gozaría de tanta impunidad.

780 militantes en reflexión permanente pueden aportarnos claves de gran utilidad para el presente y futuro de nuestro pueblo. Desde sus mazmorras -encierro de veinte horas diarias- luchan, construyen y sueñan. «No os vamos a fallar», escribía una presa amiga. ¿Será tan rotundo nuestro compromiso? Nos toca a nosotros voltear las puertas de los presidios. En el umbral de la fiesta, un saludo entrañable para todos los presos políticos del mundo; aun cautivos, siguen peleando por una sociedad más justa. Saludo cargado de complicidades y querencias para las 780 paisanas y paisanos. De ellas y ellos no nos despedimos. ¡Hator etxera! Nos encontraremos el día 3 en las calles de Bilbo.

Jesús Valencia

la legalidad es un problema

Ciertamente, para las personas sujetas al vigente ordenamiento jurídico en nuestra comunidad, la legalidad representa, en lo que concierne a las aspiraciones nacionales emergentes, un inconveniente más que significativo. Esta legalidad para nuestra comunidad es fuente de conflicto y, a menudo, se usa para agudizar el enfrentamiento desde el poder.

La cuestión de la legalidad puede ser demoledora para la esperanza si no cabe su revisión. Ahora bien, las cuestiones de la legalidad tienen menor trascendencia si introducimos el concepto de legitimidad. Especialmente, si lo hacemos desde el principio de que la legitimidad es manifestación de la voluntad ciudadana.

Quienes justifican la legalidad española lo hacen desde la legitimidad que tienen los y las representantes elegidas por los y las electoras. Se trata de una legitimidad escasa, elitista y desconectada hasta la siguiente cita electoral del cuerpo de electores y electoras, de la ciudadanía. Ese cuerpo de representantes se hace autónomo y olvida la soberanía del pueblo, sabedor de que su ciudadanía se verá abocada a elegir entre lo malo y lo peor. Es una legitimidad débil la que ampara esa legalidad.

La legalidad sostenida por una legitimidad débil -legitimidad de las elites frente a la legitimidad del pueblo como verdadero soberano- no está capacitada para construir el interés general. Esa representación que legisla es rea de los grupos de presión económicos, interlocutores privilegiados del poder.

Ni todo acto legal es legítimo ni todo acto legítimo es legal. La sombra de la ley de partidos ha planeado sobre la sentencia del sumario conocido como 18/98; la tesis de que todo es ETA ha permitido condenar por “pertenencia a banda armada” a personas que no tienen ningún vínculo con la organización armada. De esta “norma legal” asentada en la legitimidad de los representantes se deriva, por lo tanto, una situación injusta: la condena de personas que objetivamente no han cometido delito, pero que sí han actuado delictivamente a la luz de una “norma legal” que amplía el dominio del delito hasta lo irracional.

En la medida en que la legalidad se ajusta a la norma y la legitimidad a la voluntad, la legitimidad se sobrepone a la legalidad -el pueblo es soberano-, aunque a veces dicha legitimidad no halle encuadre legal para su manifestación -la proliferación de consultas alegales sobre diversas infraestructuras en nuestra comunidad-.

Podrán imponer legalmente la bandera española pero no podrán evitar la quiebra de su legitimidad si somos capaces de articular una respuesta cívica, apartidista -que no sin partidos-, plural, soberanista y horizontal que aúne simbólicamente los sentimientos agraviados. Podrán invadir nuestras instituciones pero no podrán invadir nuestros corazones.

Nuestro objetivo: construir una nueva legalidad que se sustente en la legitimidad de la soberanía popular permanentemente expresada. En este concepto se asienta la fuerza de nuestra convicción emergente: nuestro dinamismo y nuestras propuestas.

  • Primera proposición: no debemos esperar a una legalidad propicia para actuar. Ésta debe ser provocada.
  • Segunda proposición: la legalidad es el punto de partida a transformar, vulnerándolo democráticamente.
  • Tercera proposición: el principio de legitimidad como sinónimo de soberanía popular está vinculado al principio de no tiranía de la mayoría.
  • Cuarta proposición: la mayoría se construye cívica, plural, horizontal y permanentemente.

Epi y Uski

NO A LA BANDERA ESPAÑOLA

El Tribunal Supremo ha ordenado que la bandera española deba ser colocada en los frentes de los edificios de gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, en esta oportunidad en el Parlamento vasco. Cabe recordar, que hace 25 años que la norma está vigente y que no se cumple. Las fuentes indican, que el Tribunal Superior se ha apoyado en lo establecido en la Constitución española, la cual los vascos no votaron afirmativamente, como así también, en una ley de comienzos de la década del 80, aprobada en Madrid.

No hay dudas, que esta actitud forma parte del constante avance del nacionalismo español sobre Euskal Herria, cuyo único fin, es lograr aumentar la crispación política, como lo vienen haciendo a partir de otras medidas jurídico-políticas y leyes de excepción, que se elaboran y aprueban en el Estado, para ser puestas en practica en los Territorios Históricos vascos.

Es difícil hablar sobre legalidad, en una Nación sin Estado, donde sus ciudadanas y ciudadanos no pueden ejercer el derecho a decidir, como así también, elegir libremente que futuro desean como sociedad y Nación. La bandera española resulta ajena al sentimiento del pueblo vasco, mientras que la Ikurriña ha sido aceptada como la enseña que identifica a la Nación vasca.

Sería más oportuno, que desde Madrid pusieran energía en diseñar una política que ponga fin al conflicto político vasco y permitir a los ciudadanos y ciudadanas que forman parte de ese milenario pueblo la posibilidad de construir un futuro soberano, para poder vivir en adelante: sin ETA, sin GAL, sin Tortura, sin violaciones a los Derechos Humanos y sin imposiciones. En tal sentido, le corresponderá a este pueblo como sujeto de derecho elegir cual será la bandera y lo demás símbolos que deberán engalanar sus edificios públicos al ser representativos de Euskal Herria.

Prof. César Arrondo
Universidad Nacional de La Plata
Argentina