la legalidad es un problema
Ciertamente, para las personas sujetas al vigente ordenamiento jurídico en nuestra comunidad, la legalidad representa, en lo que concierne a las aspiraciones nacionales emergentes, un inconveniente más que significativo. Esta legalidad para nuestra comunidad es fuente de conflicto y, a menudo, se usa para agudizar el enfrentamiento desde el poder.
La cuestión de la legalidad puede ser demoledora para la esperanza si no cabe su revisión. Ahora bien, las cuestiones de la legalidad tienen menor trascendencia si introducimos el concepto de legitimidad. Especialmente, si lo hacemos desde el principio de que la legitimidad es manifestación de la voluntad ciudadana.
Quienes justifican la legalidad española lo hacen desde la legitimidad que tienen los y las representantes elegidas por los y las electoras. Se trata de una legitimidad escasa, elitista y desconectada hasta la siguiente cita electoral del cuerpo de electores y electoras, de la ciudadanía. Ese cuerpo de representantes se hace autónomo y olvida la soberanía del pueblo, sabedor de que su ciudadanía se verá abocada a elegir entre lo malo y lo peor. Es una legitimidad débil la que ampara esa legalidad.
La legalidad sostenida por una legitimidad débil -legitimidad de las elites frente a la legitimidad del pueblo como verdadero soberano- no está capacitada para construir el interés general. Esa representación que legisla es rea de los grupos de presión económicos, interlocutores privilegiados del poder.
Ni todo acto legal es legítimo ni todo acto legítimo es legal. La sombra de la ley de partidos ha planeado sobre la sentencia del sumario conocido como 18/98; la tesis de que todo es ETA ha permitido condenar por “pertenencia a banda armada” a personas que no tienen ningún vínculo con la organización armada. De esta “norma legal” asentada en la legitimidad de los representantes se deriva, por lo tanto, una situación injusta: la condena de personas que objetivamente no han cometido delito, pero que sí han actuado delictivamente a la luz de una “norma legal” que amplía el dominio del delito hasta lo irracional.
En la medida en que la legalidad se ajusta a la norma y la legitimidad a la voluntad, la legitimidad se sobrepone a la legalidad -el pueblo es soberano-, aunque a veces dicha legitimidad no halle encuadre legal para su manifestación -la proliferación de consultas alegales sobre diversas infraestructuras en nuestra comunidad-.
Podrán imponer legalmente la bandera española pero no podrán evitar la quiebra de su legitimidad si somos capaces de articular una respuesta cívica, apartidista -que no sin partidos-, plural, soberanista y horizontal que aúne simbólicamente los sentimientos agraviados. Podrán invadir nuestras instituciones pero no podrán invadir nuestros corazones.
Nuestro objetivo: construir una nueva legalidad que se sustente en la legitimidad de la soberanía popular permanentemente expresada. En este concepto se asienta la fuerza de nuestra convicción emergente: nuestro dinamismo y nuestras propuestas.
- Primera proposición: no debemos esperar a una legalidad propicia para actuar. Ésta debe ser provocada.
- Segunda proposición: la legalidad es el punto de partida a transformar, vulnerándolo democráticamente.
- Tercera proposición: el principio de legitimidad como sinónimo de soberanía popular está vinculado al principio de no tiranía de la mayoría.
- Cuarta proposición: la mayoría se construye cívica, plural, horizontal y permanentemente.
Epi y Uski